La Administración del Estado social y democrático de Derecho

La cláusula del Estado social y democrático de Derecho transforma la relación existente entre el Estado y la sociedad, pues sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas. En efecto, a partir del reconocimiento de esta fórmula constitucional, las personas dejan de ser meros súbditos de los órganos y entes administrativos y, en consecuencia, asumen una mayor participación política en la evaluación de las decisiones administrativas. Esta evolución de un sistema basado en el poder a un sistema centrado en los ciudadanos modifica las ideas que fundamentan y legitiman la existencia de la Administración. En la obra "La Administración del Estado social y democrático de Derecho" se analiza la función de los órganos y entes administrativos en un Estado social y democrático de Derecho, la cual consiste en la protección de los derechos fundamentales y en el acceso efectivo de las personas a los servicios indispensables. En otras palabras, la obra sostiene que la Administración puede adoptar iniciativas propias que no hayan sido previstas por el legislador para cumplir con su misión institucional, la cual es, en un Estado social y democrático de Derecho, la protección de los derechos de las personas. Para esto, se analiza el derecho fundamental a una buena administración y la vinculación de la Administración al principio de legalidad.